Universidad: el gobierno busca negociar con los rectores y dejar afuera a los sindicatos

Más de un millón de personas se movilizaron el martes en defensa de las universidades nacionales y la educación pública en general. Pocos días antes, el gobierno nacional anunció el envío de partidas especiales para gastos de funcionamiento y hospitales. El incremento fue del 140% en el primer ítem y del 70% en el segundo. El anuncio no alcanzó para desactivar la movilización.

Es que el 84% del presupuesto corresponde a salarios de los docentes y los trabajadores no docentes, cuya partida, en términos reales, se encuentra un 72,8% por detrás de 2023. El aumento oficial impactó en partidas que representan apenas un 7% del total, e incluso es insuficiente porque aún persiste un ajuste del 35% del presupuesto para financiamiento y del 46% para los hospitales universitarios.

El frente único que en los hechos condujo la masividad de la marcha, constituido por el frente de gremios universitarios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, integrado por los rectores) podría crujir. La estrategia oficial es de continuar con incrementos parciales de las partidas que habiliten el funcionamiento de la universidad y ajustar los salarios. Por eso la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, junto con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, preparan una convocatoria al CIN excluyendo a los representantes sindicales. Las negociaciones, según pudo saber Tiempo, se tejen con los representantes de la Unión Cívica Radical de las universidades.

El salario, eje del ajuste

Según un informe elaborado por el Laboratorio del Salario de la Docencia Universitaria, basado en información oficial, con el incremento del 12% en marzo, los haberes acumularon una suba del 178,3% con relación a marzo de 2023, unos 109 puntos detrás de la suba de precios del período (287,9% según el Indec). El gobierno ofreció un 8% de aumento para abril, que fue rechazado en forma unánime por los gremios docentes y no docentes. El informe asegura que «si las expectativas inflacionarias se cumplen y se efectiviza la oferta del gobierno, el salario de abril de 2024 habrá perdido 29,8% de poder adquisitivo respecto del de noviembre de 2023».

Lo distintivo es que las propuestas del gobierno se realizan sin alterar el presupuesto asignado a la partida salarial. Técnicamente lo que están ofreciendo son adelantos del salario que salen del bolsillo futuro del propio trabajador. En rigor se trata de una extorsión que busca condicionar esas negociaciones salariales.

Si bien en los últimos cinco meses el salario sufrió un derrumbe muy pronunciado, el retroceso del poder adquisitivo es sostenido desde diciembre de 2015. El informe mencionado muestra que «el poder adquisitivo del salario actual es un 46,8% inferior al de noviembre de 2015. En otras palabras, en noviembre de 2015 la capacidad de compra del sueldo docente era casi el doble que en la actualidad».

Desde hace al menos un año que la evolución de los salarios de los trabajadores no docentes, que representan el 31% del presupuesto, evolucionan igual que los salarios docentes, aunque con una diferencia: sufrieron la quita de una suma fija de $ 12 mil a partir de este año. Juan Diez, delegado de la Comisión Interna de la Facultad de Sociales de la UBA, señaló a este diario que «las tres categorías iniciales, que son las que concentran la mayor cantidad de trabajadores, se encuentran por debajo de la canasta básica. En el caso de la UBA, desde la asunción del gobierno de Milei, además de las paritarias muy por debajo de la inflación, tuvimos un recorte nominal de salario porque dejamos de cobrar un monto fijo que contábamos todos los meses. Era una suma fija, así que tenía más impacto en las categorías iniciales».

Una agenda propia

Por eso el Frente Sindical integrado por siete federaciones nacionales de docentes y no docentes solicitó una reunión con la ministra Petovello «a la máxima brevedad». Allí aseguran que «la situación crítica de las universidades públicas está vinculada a problemas presupuestarios para gastos de funcionamiento, a falta de becas y programas destinados a garantizar el ingreso, permanencia y graduación de estudiantes y, también, con la pérdida y quita salarial».

Antonio Roselló, secretario de Asuntos Sociales de Conaduh y paritario nacional, señaló que «el desfasaje de los salarios es del 100% con relación a diciembre de 2015 y sólo en el período de diciembre 2023 a abril 2024 ha caído en más de 52 puntos porcentuales. Es el mayor ajuste realizado sobre los trabajadores docentes incluso desde Martínez de Hoz».

El dirigente observó que «no es un ajuste, pretenden terminar con la docencia universitaria porque lo que se quiere es liquidar la universidad. Miles de docentes e investigadores están cobrando salarios debajo de la línea de pobreza. El gobierno habla de auditorías y acusa a rectores de mal uso de fondos públicos. Nosotros siempre hemos reclamado la apertura de los libros y hoy lo hacemos aún más porque así se van a detectar que no menos de 20 mil docentes no cobran ningún tipo de salario o tienen contratos como monotributistas o a término».

Por su parte Federico Montero, secretario de organización de Conadu, señaló a este medio que «la marcha del martes fue un punto de inflexión. Es el corolario de la conformación del Frente Sindical Universitario en enero, donde fuimos delineando un plan de acción que partió de la convicción de que la definición del gobierno era barrer nuestro salario. Articular con el movimiento estudiantil y la demanda de los rectores terminó de construir un escenario donde se aglutinó la defensa de la universidad pública y el enorme descontento por las medidas más generales de este gobierno».

Montero señaló que, más allá de la actitud de los rectores, «lo que nos corresponde es marcar nuestra agenda y que no se invisibilice el reclamo salarial porque si las universidades siguen funcionando será a costa de la sobre explotación de docentes y no docentes. Necesitamos un programa alternativo que plasme un horizonte en términos de política y financiamiento para la universidad que permita articular una alternativa frente a un gobierno que podrá ir cediendo parcialmente pero no va a resolver los problemas de fondo de la universidad». «

 

Fuente: Tiempo Argentino