Financiamiento Universitario: la Cámara habilitó el salto a la Corte y el Gobierno ganó tiempo para seguir reteniendo los fondos
La Cámara Contencioso Administrativo Federal otorgó este jueves un respaldo clave a la estrategia del Poder Ejecutivo al habilitar que el conflicto por el financiamiento universitario llegue de manera directa a la Corte Suprema. La resolución de la Sala III permite que la Casa Rosada mantenga en suspenso la ejecución plena de los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles, que el Gobierno rechaza bajo el argumento del equilibrio fiscal.
Pese a que el mismo tribunal había ratificado el 31 de marzo pasado que el Estado debía cumplir de forma inmediata con la ley, la nueva resolución de los jueces Sergio Fernández y José Luis López Castiñeira abre una instancia de revisión que dilata la aplicación de los fondos. El fallo se apoya en que la controversia involucra la interpretación de normas federales, aunque los magistrados aclararon que el planteo oficial no reviste «gravedad institucional», sino que responde a un «simple interés patrimonial» de la administración central por evitar los desembolsos.
La postura oficial insiste en condicionar el cumplimiento de la ley, sancionada por el Congreso tras un veto parcial en 2025, a la disponibilidad de partidas presupuestarias que el propio Ejecutivo administra. Esta insistencia judicial se da en un contexto donde el Gobierno busca, en paralelo, impulsar un nuevo proyecto legislativo para reducir el costo fiscal de la norma actual y distribuir los fondos de manera gradual durante el ejercicio 2026, evitando así cualquier pago retroactivo o inmediato que alivie la situación actual de las altas casas de estudio.
En el sistema universitario, la decisión fue recibida como una nueva maniobra de postergación que traslada la resolución política a los tiempos inciertos de la Corte Suprema. Mientras el expediente inicia su recorrido en el máximo tribunal, persiste la incertidumbre sobre la actualización de las partidas de funcionamiento y los haberes de los trabajadores del sector, quienes denuncian un deterioro sistemático de las condiciones básicas de la educación pública bajo la actual gestión nacional.
Este nuevo capítulo judicial ocurre a pocos días de la Marcha Federal Universitaria convocada para este martes. La movilización, que promete replicar el escenario de conflicto de años anteriores, se perfila como la respuesta política y social de rectores, gremios y estudiantes frente a la parálisis de los fondos y la estrategia de judicialización que la Casa Rosada ha adoptado como eje de su política educativa.
Regirá hasta que resuelva la Corte Suprema, informó el Ministerio de Capital Humano.
El Ministerio de Capital Humano informó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
Según el comunicado oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la presentación se realizó en el marco de la causa “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986” (CAF 039475/2025), relacionada con una medida cautelar sobre la Ley N° 27.775.
La cartera indicó que el recurso fue presentado contra la sentencia del 31 de marzo de la Sala III de la Cámara y que incluyó el pedido de efecto suspensivo, que fue concedido por el tribunal.
De acuerdo con el texto difundido por el Ministerio de Capital Humano, la decisión judicial implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida de manera definitiva.
El comunicado recordó además que mediante el Decreto N° 759/25 se promulgó la Ley N° 27.775, cuya ejecución quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, debido a que su aplicación “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”.
Por último, el Gobierno nacional ratificó “su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender”, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y de asignación eficiente de los recursos del Estado.
