La CGT, ATE Nacional y la UTEP ya confirmaron que participarán de la tradicional movilización al santuario de Liniers. La idea es sumar a “todas las organizaciones populares que resisten a la ofensiva de la motosierra”.
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La legislatura ya había sancionado una ley que permitía asignarles un nombre, que fue vetada parcialmente por el Ejecutivo, pero quienes se oponen al veto, insisten.
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Alejandro Albarellos, presidente del Grupo PYRE SA, destacó en el foro del Plan Maestro de Energía, la necesidad de proyectar a largo plazo la soberanía energética de San Luis. Valoró las condiciones geográficas y ambientales de la provincia, y remarcó que la adhesión a la Ley 27.424 abre nuevas oportunidades para el desarrollo solar.
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La sesión se realizará en medio de una extrema tensión por el veto a las leyes de aumento jubilatorio y de apoyo a discapacitados.
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El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el rechazo a las tres normas sancionadas por el Congreso. Argumentó que el costo fiscal era de 17 billones de pesos.
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El movimiento mostró un derrumbe del 10,9% respecto a 2024, mientras que el impacto económico bajó el 11,2%. “Estas vacaciones sintieron la caída en el poder adquisitivo familiar y la pérdida de competitividad cambiaria», señaló la entidad.
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El gobernador Claudio Poggi manifestó su posición política de cara a las elecciones nacionales de octubre. “No tiene sentido, ni resulta conveniente que el frente político provincial ‘Ahora San Luis’ participe de las próximas elecciones nacionales para diputados”, dijo.
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La iniciativa incluye la creación de un fondo de resguardo para garantizar el pago de los salarios, beneficios sociales y preservar el empleo en un contexto de fuerte caída de ingresos por coparticipación nacional. Tras ser aprobada por Diputados, ahora la propuesta será evaluada por el Senado.
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«Los gobernadores vamos a conformar un frente que represente un grito federal”, dijo Ignacio Torres.
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Destinará a ese fin los 5000 millones de pesos que recibe mensualmente de la Nación a cuenta de una deuda de 1 billón de pesos acumulada por la negativa a transferir fondos previsionales para sostener la Caja de Jubilaciones provincial.
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