Comunicado del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis
La UNSL acompaña las acciones judiciales colectivas frente a la suspensión dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional de la Ley de Financiamiento Universitario.
La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), sancionada por amplia mayoría de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación tras el rechazo del veto presidencial, constituye un instrumento esencial y necesario para garantizar la protección financiera del sistema universitario público, así como la recomposición del salario de las y los trabajadores docentes y nodocentes, el sostenimiento de los programas de becas estudiantiles, y la regularización de los correspondientes ingresos a la carrera de investigador científico.
Sin embargo, su suspensión mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 759/2025, dictado en el mismo acto de su promulgación, representa una vulneración gravísima al orden constitucional y a la división de poderes, dado que un decreto no puede condicionar ni suspender la vigencia de una ley sancionada por el Congreso.
En este sentido, el Consejo Superior de la UNSL adhirió a lo resuelto por unanimidad en el Plenario Extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) del 22 de octubre de 2025, que dispuso iniciar acciones judiciales frente a la suspensión de la Ley dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.
En consonancia con ello, este cuerpo avaló y acompañó al Rector Raúl Gil para que adopte y promueva todas las medidas políticas, administrativas y judiciales necesarias en defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y los derechos del personal que integra la comunidad universitaria.
La decisión del Poder Ejecutivo Nacional afecta directamente la autonomía constitucional de las Universidades Nacionales, impidiendo una adecuada planificación financiera y poniendo en riesgo el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y extensión.
Del mismo modo, la no aplicación de la ley atenta contra la estabilidad laboral y el poder adquisitivo del conjunto de trabajadoras y trabajadores, que sostienen día a día la vida académica de nuestras instituciones. Como consecuencia de lo anterior se verán seriamente afectados el ingreso, la permanencia y el egreso de las y los estudiantes.
Asimismo, el Consejo Superior de la Universidad insta al Congreso Nacional a dar estricto cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que determina como plazo máximo para la aprobación del Presupuesto General de la Administración Nacional el 31 de diciembre de cada año financiero.
La aprobación del Presupuesto Nacional 2026, con la inclusión de la totalidad de los recursos necesarios para la plena implementación de la Ley, aseguraría la continuidad de las funciones sustantivas del sistema universitario público, la recomposición salarial correspondiente y la protección de las políticas estudiantiles que hacen posible la inclusión y la igualdad de oportunidades.
La UNSL reafirma su compromiso con la defensa irrestricta de la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, pilares fundamentales del sistema democrático y de la igualdad de oportunidades en nuestro país.
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis hace un llamamiento a la sociedad argentina a acompañar la defensa de su Universidad pública, patrimonio colectivo que expresa el esfuerzo, la memoria y el futuro de un país que ha sabido construir derechos a través del conocimiento, la democracia y la justicia social.
Consejo Superior – Universidad Nacional de San Luis
San Luis, 28 de octubre de 2025
