Fiscalía de Estado presentó otra denuncia penal contra Luciano Anastasi

La Fiscalía de Estado, a través de su titular Víctor Endeiza, volvió a denunciar penalmente al exministro de Seguridad, Luciano Anastasi, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

Sobre el funcionario de Alberto Rodríguez Saá, que ya estaba involucrado en otros hechos de corrupción denunciados en los últimos días, pesa la sospecha, y hay fuertes indicios, de que tiene una relación familiar con la empresa CAP Soluciones SAS que no sería compatible con el cargo que ejerció.

La primera situación irregular es que CAP Soluciones SAS fue constituida inmediatamente después de la asunción de Anastasi como ministro de Seguridad en agosto de 2020. Además, hay un parentesco entre Carlos Alberto Puw Bianchi, socio único de la firma comercial, y el ex funcionario.

“Carlos Puw, miembro destacado de la familia Rufa–Puw, comparte lazos familiares estrechos con Anastasi, quien creció en el seno de la misma familia. Es importante señalar que Puw es sobrino de Mónica Puw, una figura significativa en la vida del ex ministro durante su crianza”, dice la denuncia, que agrega que “esta conexión familiar añade un matiz adicional a la percepción general, sugiriendo la posibilidad de un uso indebido de influencias y de favorecimiento a allegados en los procesos de contratación con el Estado”.

Para Fiscalía de Estado, “la proximidad familiar entre Anastasi y Puw plantea interrogantes sobre la imparcialidad en las decisiones y acciones relacionadas con la empresa en cuestión, generando inquietudes legítimas sobre la transparencia en dichas transacciones”.

La firma perteneciente al pariente político de Anastasi fue constituida el 16 de octubre de 2020 (dos meses después del nombramiento del funcionario de parte de Rodríguez Saá) con el propósito de llevar a cabo operaciones de compra, venta, representación, distribución, importación, exportación, comisión, consignación y cualquier modalidad de comercialización de bienes y servicios. Además, se facultó para realizar transacciones comerciales de diversa índole, incluyendo la adquisición, enajenación, exportación e importación de bienes en general.

También es poco claro el por qué para todas estas actividades apenas contaba con un capital social limitado de $37.800, de los cuales Puw únicamente suscribió el 25%, equivalente a $9.450.

Con esta limitación a cuestas, CAP Soluciones SAS participó en una licitación convocada por Anastasi para la adquisición de bicicletas destinadas a la Policía de la Provincia de San Luis, por un monto de $22.500.000, y además antes pagó por el pliego $22.500.

Comprometiendo dos terceras partes de su capital sólo en el pliego, además de asignar recursos para los seguros de caución y los gastos administrativos, Fiscalía de Estado considera “extremadamente arriesgada la apuesta para el contador (Puw), pues en caso de no obtener el contrato, podría estar enfrentando la amenaza inminente de que su empresa recién establecida se vea forzada a declararse en quiebra”.

Pero de manera sorprendente, a pesar de no contar siquiera con el capital necesario para adquirir el pliego, la empresa resultó ganadora de la licitación, superando a otros cinco oferentes. Anastasi, al momento de la adjudicación (el 21 de abril de 2021), también ignoró el hecho de que la firma omitió adjuntar su declaración jurada de ganancias. Esta omisión fue subsanada una semana después, cuando declaró no haber obtenido ingresos.

En cualquier licitación, el comprador evalúa los precios de los oferentes, el cumplimiento con las condiciones del pliego y la situación económico-financiera de las empresas participantes. En este caso, la oferta de CAP Soluciones SAS no fue la más conveniente para el Estado, ya que por ejemplo Los Nonos SRL propuso vender las bicicletas por $17.292.500, o sea $5.207.500 menos que quien resultó ganador. Los otros cuatro oferentes que también habían presentado mejores ofertas fueron eliminados con distintas excusas. Un gran perjuicio para el erario público. Además, la firma tampoco cumplía con los otros dos requisitos.

Por eso la Comisión Evaluadora aconsejó realizar “un seguimiento estricto para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de la entrega de los bienes requeridos”. Y en esa comisión hay otro hecho irregular que sugiere un direccionamiento de la licitación: un miembro clave fue Valentina Urquiza, quien formaba parte de una fundación que constituyó Anastasi, en la función de tesorera.

“La vinculación directa de un miembro de la comisión evaluadora con la fundación liderada por el exministro introduce una dimensión adicional de conflictos de interés (…) plantea la posibilidad de una conexión íntima entre la Sra. Valentina Urquiza y el exministro de Seguridad”, expresa la denuncia.

 

A partir de esta operación gravosa para el Estado, la empresa dirigida por el contador Puw, con un capital de apenas $9.450 y una antigüedad inferior a seis meses, sin ningún tipo de antecedente en el mercado, inició una exitosa trayectoria en las contrataciones estatales, especialmente aquellas auspiciadas por el ministerio de Seguridad que manejaba su pariente político, Luciano Anastasi. CAP Soluciones SAS pasó a ser un proveedor constante del programa de Seguridad Vial, planteando problemas de transparencia y equidad en los procesos de licitación.

Entre otros ‘éxitos’ de la firma estuvieron la compra de alcoholímetros y boquillas por más de $29 millones, la provisión de equipamiento para motos por casi $472 mil, el suministro de conos y balizas por $175.000, la adquisición de pipetas para alcoholímetros por $1.550.000 y de handies tipo radio en dos transacciones que sumaron $154.500. Luego también calibró los alcoholímetros y cobró $953.800 y $330.000, todo en un corto período entre 2021 y 2022. En total, CAP Soluciones SAS facturó $170.746.604,28.

Por todo lo expuesto, Fiscalía de Estado tiene la convicción de que un análisis pericial revelaría que la constitución de CAP Soluciones SAS se efectuó con un solo propósito: contratar con el Estado con el único fin de canalizar de manera ilícita sus recursos.

 

Fuente: ANSL