La OEA envía al país una misión de expertas por los casos de violencia política contra mujeres
Un comité de expertas de la OEA hará una visita oficial al país del 1° al 3 de marzo para abordar la preocupante sucesión de casos de violencia política que vienen sufriendo funcionarias y dirigentas de distintos partidos, entre ellos el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las «acciones misóginas» de integrantes del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) hacia la titular de la Cámara de Diputados y Diputadas, Cecilia Moreau, la primera mujer en presidirla.
La visita será realizada por integrantes del Comité de Expertas independientes que forman parte del Mecanismo (Mesecvi, por sus siglas) que monitorea el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres conocida como Convención de Belén do Pará.
Otro de los casos de interés es el de las “Ramonas Atrevidas”, la persecución y sanción disciplinaria que aplicó la UCR a dirigentas radicales en Catamarca luego de intentar impedir que el excandidato a gobernador Roberto Gómez asumiera como presidente del Comité Capital de la provincia, por tener una causa por abuso sexual.
La importancia de la visita
Es la primera vez que el Comité de Expertas viaja en misión de “asistencia técnica” a pedido del Estado argentino. El objetivo es recabar información y generar recomendaciones sobre cómo avanzar para enfrentar y erradicar la violencia política contra mujeres y por razones de género.
“Es un problema muy importante. La violencia política es una expresión contundente del patriarcado. No es nueva, lo que tienen de novedoso es la impunidad con que vuelve a aparecer en democracias electorales”, dijo a Página 12 la titular de la recientemente creada Representación Especial para la Política Exterior Feminista, Marita Perceval, que depende de Cancillería. Perceval está coordinando la agenda de la misión con otras áreas del Gobierno.
Las declaraciones lesbofóbicas del exsenador Miguel Ángel Pichetto sobre la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, seguramente serán parte de las conversaciones que tendrán las expertas con referentas locales.
La delegación que viaja a Buenos Aires estará encabezada por la presidenta del Comité de Expertas, la abogada e investigadora peruana Marcela Huaita, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de ese país entre 2015 y 2016 y actualmente jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Huaita estará acompañada por Sylvia Mesa Peluffo, de Costa Rica, Lourdes Montero Justiniano, de Bolivia y Leila Linhares Barsted, de Brasil. También viajará la secretaria técnica del Mesecvi, la abogada venezolana radicada en EE.UU. Luz Patricia Mejía, expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La agenda de la misión
Todavía se están definiendo los encuentros que mantendrán las expertas pero está previsto que tengan reuniones con autoridades gubernamentales, con integrantes de la Justicia, con afectadas por la violencia política, con referentes de la sociedad civil, y con periodistas y comunicadoras feministas que son blanco de ataques misóginos por su trabajo. En la agenda se incluirá también la persecución judicial y el encarcelamiento de la dirigente social jujeña Milagro Sala. No se confirmó aun si CFK recibirá a las expertas.
El Mesecvi está conformado por una experta por cada país que forma parte de la OEA. El órgano analiza los avances en la implementación de la Convención de Belén do Pará por sus Estados Parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas estatales ante la violencia contra las mujeres. Por Argentina, la experta independiente es la abogada feminista rosarina Susana Chiarotti.
Uno de los ejes de la visita es dar a conocer los estándares de la Ley Modelo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, que elaboró el Mesecvi, y que es una propuesta con definiciones y modos de abordaje que el organismo ofrece a los países para que tengan parámetros y pautas para generar su propia legislación o sus propias políticas.
El Congreso en Argentina en 2019 definió a la “violencia política” como otra de las formas de la violencia por razones de género que afectan a las mujeres, al incorporarla a la Ley 26485. La definición en la normativa dice que es aquella que “se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”. Puede expresarse en el ámbito público, de las redes sociales, en los medios de comunicación, en partidos políticos, sindicatos y otros espacios de militancia, a través de intimidaciones, hostigamiento, descrédito, amenazas, entre otras acciones, y apunta a menoscabar el ejercicio político o la actividad política de quienes la sufren. Pero también a enviar un mensaje disciplinador para que otras mujeres y disidencias no se involucren en actividades políticas.
¿Qué dijo el Comité del atentado a CFK?
En el último año, el Comité de Expertas se pronunció y expresó su preocupación por el atentado a CFK y los agravios recibidos por Moreau en la sesión del 1° de diciembre. También lo hizo frente a la persecución sufrida por las “Ramonas atrevidas” en Catamarca, como formas de “violencia política” para silenciar y disuadir a las mujeres de participar en política.
“El Comité de Expertas subraya que este acto debe de ser considerado como una grave expresión de violencia contra las mujeres y contra el sistema democrático”, dijo sobre el intento de magnicidio contra CFK. Además, en ese momento expresó su “profunda preocupación frente a los discursos de odio en el espacio público, en especial aquellos basados en estereotipos de género, que a partir de la violencia simbólica abonan el terreno para otras formas de violencias contra las mujeres”. Incluso, instó “a la República Argentina a que actúe con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar los mencionados actos en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández. Así como para que se garantice la necesaria reparación, no sólo a la vicepresidenta, sino a la sociedad argentina en su conjunto para reestablecer la confianza y la estabilidad democrática”.
Sobre el gesto obsceno hecho por el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, y otros agravios misóginos de legisladores de la oposición que recibió la presidenta de la Cámara de Diputados en la sesión del 1° de diciembre, el Comité expresó que “las acciones denunciadas no sólo configuran violencia política contra las mujeres, sino que debilitan la democracia, al reemplazar el debate con argumentos por insultos y gestos violentos. Además, muestran una escalada de agresiones a mujeres que ejercen cargos en política”.
Para tener una magnitud de la problemática de la violencia política en el país el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) presentó en 2021 el resultado de una investigación a partir de entrevistas a 44 legisladoras y legisladores de la Cuidad de Buenos Aires: el 77 por ciento de las mujeres consultadas dijo haber sufrido violencia política por motivos de género, en el 94 % de los casos los agresores fueron varones, al 82 % le afectó su bienestar psicológico/emocional, el 59 % fue violentada por alguien de su mismo partido y el 47 % advirtió que el agresor no sufrió ninguna consecuencia. Los datos están detallados en el informe “Violencia política por razones de género: hallazgos de la investigación en la Legislatura de CABA 2021”.
La problemática es regional. Uno de los casos más emblemáticos es el asesinato en Brasil, en 2018, de Marielle Franco, una concejala afreodescendiente feminista y lesbiana de izquierda de Río de Janeiro. Hace pocas semanas, el Comité de Expertas expresó su preocupación y repudio ante el intento de femicidio de la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez. En el caso concreto, la vicepresidenta Marquez además “ha venido enfrentando discursos de odio en el espacio público, por su trabajo por reducir las brechas sociales, ambientales, raciales y en especial aquellas fundamentadas en estereotipos de género, que sumidos en la red invisible de la violencia simbólica, contribuyen al ejercicio de todas las otras formas de violencias contra las mujeres”, señaló el Comité.
Fuente: Pagina 12
Texto: Mariana Carabajal
