La ONU y organizaciones humanitarias condenan la masacre policial en Río
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos se declaró «horrorizada» por los efectos de la operación policial lanzada el martes por orden del gobernador bolsonarista, Claudio Castro, en favelas de Río de Janeiro y que culminó con alrededor de 120 muertos, entre ellos varios agentes de las fuerzas de seguridad. A la lista oficial de 64 víctimas, los vecinos del complejo de favelas Penha anunciaron la recuperaciónde al menos otros 50 cadáveres más.
En tanto, tras la reunión de urgencia convocada por el presidente Luis Inacio Lula Da Silva del martes por la noche, los ministros Rui Costa, de Casa Civil, y Ricardo Lewandowski, de Justicia y Seguridad Pública, tenían previsto reunirse hoy con el gobernador Castro. El mandatario estadual, a su vez, se reunirá con gobernadores bolsonaristas en lo que adelanta un posicionamiento frente a las elecciones presidenciales de 2026 en las que Lula ya avisó que se piensa presentar para un cuarto período.
A todo esto, el gobierno federal atendió la solicitud de trasladar a 10 detenidos a prisiones federales. Estos hombres habrían liderado desde la cárcel las acciones que culminaron en el caos en la ciudad, incluyendo bloqueos de pistas y el secuestro de autobuses en la capital fluminense. Lewandoski, en tanto, lanzó un dardo contra el jefe estadual carioca: “Si el gobernador de Río de Janeiro siente que no tiene condiciones, tiene que tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención federal. Si él no logra enfrentar el delito será tragado por el crimen organizado”, expresó.
Para Naciones Unidas, el operativo contra el Comando Vermelho evidencia una «tendencia» sobre las «consecuencias letales» de las acciones de la Policía en áreas con «comunidades marginadas» y reclama investigaciones «rápidas y efectivas» y la obligación de respetar en todo momento el Derecho Internacional.
En el mismo sentido, un grupo de 27 organizaciones de Derechos Humanos aseguraron este martes que la seguridad “no se consigue con sangre”, en referencia al violento enfrentamiento que se produjo en la favela Comando Vermelho, al norte de Río de Janeiro, que dejó un saldo de 64 muertos y 81 detenidos.
Las ONG que firmaron el comunicado, entre las cuales aparecen Amnistía Internacional (AI), Justicia Global, Conectas y el Observatorio de Favelas, afirmaron que lo ocurrido dejó a la ciudad carioca “en un estado de terror”, y añadieron que “esto es el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad”.
En ese sentido, apuntaron contra el gobernador Castro, a quien señalaron como responsable de lo sucedido: “se trata, en realidad, de una matanza producida por el Estado brasileño” que se inscribe en el “trágico histórico de matanzas cometidas por fuerzas policiales” en la ciudad.
Asimismo, y según datos Fórum Brasileño de Seguridad Pública indican que al menos 700 personas murieron durante operativos policiales en 2024, y expresaron que “La muerte no puede ser tratada como una política pública”.
“La seguridad pública debe garantizar derechos, no violarlos. Las moradoras y los moradores de las favelas tienen derecho a la vida, a la integridad física y a la paz, y eso no es negociable”, concluyeron.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) envió cartas al Ministerio Público y a la Policía Civil y Militar exigiendo explicaciones sobre las circunstancias de la Operación Contención, lanzada en la madrugada de este martes.
Según la presidenta del comité, la diputada Dani Monteiro (PSOL), la operación transformó las favelas de Río “en un escenario de guerra y barbarie”, reportó Agencia Brasil.
BB con NA y Europa Press
