Al cabo de 30 años, Argentina podría tener desde hoy una nueva ley de VIH
El proyecto de ley nacional de respuesta integral, además, no está solo referido al VIH, sino que incorpora en una misma normativa a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y la tuberculosis.
Debaten en el Senado el proyecto para pacientes con VIH que tiene media sanción de Diputados
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«La ley de 1991 es muy buena porque ofrece la gratuidad de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento, pero en estos 30 años hemos aprendido que no es suficiente, que hay que prestar atención también a los determinantes sociales de la salud«, dijo Matías Muñoz, coordinador del capítulo Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH esta semana durante el webinar «Nueva Ley de VIH y Hepatitis, de Argentina al mundo».
Es que el proyecto apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias; la prohibición definitiva de la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales; el impulso a la producción pública de medicamentos e insumos; la participación activa de las personas con diagnóstico positivo en el diseño de políticas; y la posibilidad de jubilarse anticipadamente o de acceder a una pensión no contributiva de carácter vitalicio en caso de situación de vulnerabilidad social.
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Así como fue en los ’90 fuimos pioneros, hoy no hay otros países que estén trabajando en leyes así y hay mucha expectativa porque lo que se dice es ‘Si Argentina lo logra, nosotros también podremos'»Andres Rotela
«La de 1990 era una ley de emergencia de vida, mientras que la que proponemos es una ley de calidad de vida, de acceso a los derechos que nos corresponden», dijo a Télam el periodista y activista VIH+ Lucas Fauno Gutiérrez.
«Así como fue en los ’90 fuimos pioneros, hoy no hay otros países que estén trabajando en leyes así y hay mucha expectativa porque lo que se dice es ‘Si Argentina lo logra, nosotros también podremos'», dijo a Télam Andrea Rotela de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/Sida (ICW Argentina).
El pasado 5 de mayo, Diputados dio media sanción por 241 votos positivos y sólo 8 negativos, a la «Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y tuberculosis (TBC)» después de que el proyecto perdiera estado parlamentario en 2017, 2019 y 2021.
En forma unánime y con más fuerza desde entonces, organizaciones de la sociedad civil y de personas viviendo con el virus reclaman la «urgente» sanción del proyecto porque «no hay más tiempo».
Es que el 17% de las 140 mil personas que conviven con el virus en Argentina desconocen el diagnóstico, mientras que cada año se registran un promedio de 4.500 nuevos casos diagnosticados y más de 1.300 muertes relacionadas con el Sida.
Pero además, los años de medicalización producen un «envejecimiento prematuro», mientras que «la discriminación histórica» obstaculiza derechos básicos, como el empleo y con ello la posibilidad de acceso a una vivienda y una vejez digna.
La iniciativa destina todo un capítulo a «las mujeres y personas con capacidad de gestar», consagrando los derechos que les asisten en relación al acceso a la información (sobre su propia salud y la del bebé, pero también sobre las opciones de parto «favoreciendo el derecho al parto vía vaginal»), así como a la atención integral durante el embarazo y posparto.
En ese sentido, establece que los programas de promoción de la salud y prevención del VIH, hepatitis virales, y otras ITS deben «tener en cuenta las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres».
Cada año se registran un promedio de 4.500 nuevos casos diagnosticados y más de 1.300 muertes relacionadas con el Sida.
«Siempre fuimos un sector invisibilizado porque a la sociedad todavía le hace ruido que una mujer heterosexual viva con VIH, porque la pandemia tuvo un inicio muy vinculado a las personas gays y travestis trans. Por eso para nosotras, que nos hemos sumado sin ser protagonistas, tener una ley que nos nombra y nos defiende es importantísimo», dijo Rotela.
En el nuevo apartado, «estamos tratando de garantizar aspectos que hoy no están, como la protección frente a la violencia obstétrica, que es mucha, porque el sistema de salud no está capacitado y pasa muy seguido que nos desalientan de tener hijos o a tener un parto vaginal cuando tranquilamente lo podemos hacer», agregó.
Un estudio realizado en Argentina de la Iniciativa Spotlight y ICW, reveló que al 20% de las mujeres se le ha negado algún servicio de salud por tener VIH; y que casi 3 de cada 10 recibieron alguna vez el consejo de «no tener hijos» por parte de personal de salud.
La iniciativa también plantea la creación de dos nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 de aportes y al menos 10 años como persona positiva; y una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
«Son dos medidas para tratar de reducir los indicadores de mortalidad porque sabemos que en nuestro país aquellas personas que mueren por causas relacionadas al Sida, mueren por causas relacionadas con la pobreza y la discriminación», dijo Muñoz.
Además, el proyecto focaliza en las cinco «poblaciones clave y/o en mayor vulnerabilidad» identificadas por Onusida: personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual, varones que tienen sexo con otros varones, personas en situación de encierro y/o personas que usan sustancias psicoactivas. Aunque sin enumerarlas, fija sanciones para distintos incumplimientos de la ley, y crea el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en relación a la condición de persona positiva.
«Si yo me paro y digo que soy una persona diabética, no genera ningún ruido o situación más allá del comentario ‘uy qué cagada’, pero no es así cuando uno dice soy VIH+: la mirada del otro cambia y más si estás queriendo conseguir trabajo o relacionarte sexoafectivamente con otra persona; lamentablemente no nos pasa seguido», dijo Rotela.
El proyecto focaliza en las cinco «poblaciones clave y/o en mayor vulnerabilidad» identificadas por Onusida: personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual, varones que tienen sexo con otros varones, personas en situación de encierro y/o personas que usan sustancias psicoactivas.
El texto también deroga el decreto Decreto 906/95 que establecía la obligatoriedad del test para ingresar o permanecer en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y crea instancias para combatir la «criminalización por la sola condición de la infección».
«Si bien no reforma las leyes penales existentes, es una antesala fabulosa hacia la eliminación de la criminalización. Argentina es un país que lamentablemente tiene tres condenas por la supuesta transmisión del VIH: un de 2000, otra de 2015 y la última de 2021. Varias organizaciones estamos trabajando en la capacitación de agentes del Poder Judicial para poder mejorar esta situación, algo muy importante ante el avance conservador», dijo Muñoz.
Este jueves, el Frente Nacional por la Salud de las Personas Viviendo con VIH que conforman más de 40 organizaciones se manifiestan en el Congreso para acompañar el desarrollo de la sesión.
«En vísperas de una posible aprobación, es importante tener presente que una ley aprobada es un camino a seguir trabajando, no es la culminación de una lucha sino otro comienzo nuevo hacia la reglamentación, su implementación, su difusión. Con la aprobación celebramos pero también avanzamos hacia nuevos objetivos», concluyó Gutiérrez.
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La diputada Carolina Gaillard, una de las principales impulsoras de la nueva ley, destacó que el nuevo texto incorpora “una mirada integral, interdisciplinaria e interseccional” de las necesidades de las personas que viven con el virus, a tono con “lo que recomienda la OPS y ONUSIDA”.
La legisladora, la primera que firmó el proyecto que aprobó el pasado 5 de mayo en Diputados, aseguró en diálogo con Télam que “es muy importante” que este jueves se apruebe esta ley que es el producto del trabajo de muchos años por parte de las organizaciones de personas VIH positivas que vienen bregando por “actualizar la ley anterior que ya tiene 30 años, para que tenga una mirada integral, interdisciplinaria, interseccional”.
“La nueva ley aborda no solo el tratamiento de la salud de las personas con VIH, sino el contexto social, y potencia la presencia del Estado para acompañar a las personas en sus tratamientos con, por ejemplo, una pensión no contributiva para aquellos que no tengan trabajo en relación de dependencia, o una jubilación anticipada a los 50 años (para quienes sí lo tengan)».
Esos ejes «parten de entender y comprender que las personas con VIH tienen una vida más corta producto de los tratamientos prolongados con drogas de alta toxicidad y el deterioro que ocasiona el virus en el organismo”, explicó.
Gaillard resaltó que el texto incorpora un capítulo para que “no se obligue a las mujeres y otras personas gestantes al parto por cesárea por el sólo hecho de tener VIH y que se priorice el parto natural” y a que los bebés paridos por una persona positiva tengan acceso a la leche de fórmula durante 18 meses, entre otras cuestiones.
Otro dos aspectos que Gaillard consideró “fundamentales” son la “creación de un observatorio de la discriminación hacia personas con VIH”, así como la prohibición de despedir a una persona por su diagnóstico y de solicitar el test como parte de los exámenes preocupacionales, dos situaciones que se siguen dando “porque existe un estigma en torno a esta condición” por más que esté prohibido por diferentes resoluciones del ministerio de Trabajo.
“Este proyecto retoma todos los parámetros de OPS de la ONU, con la meta de 90-90-90 (90% de las personas viviendo con VIH diagnosticadas, 90% de las diagnosticadas en tratamiento y el 90% de las personas en tratamiento con el virus indetectable e intransferible); y avanza para que tengan las condiciones de vida, lo básico y esencial resuelto para llevar adelante correctamente el tratamiento que les permita una buena calidad de vida”, dijo.
Para la legisladora, la principal deuda actual que tiene el Estado en esta materia son “campañas de prevención”, lo que también está previsto en el proyecto de ley que ordena realizar “campañas masivas de sensibilización, difusión y concientización”.
“Es muy importante que la población esté informada y esté consciente que tiene que cuidarse, que protegerse y testearse para conocer cuál es su serología, que haya campañas de prevención y tratamiento, para que el mensaje se emita con la fuerza que tiene el Estado cuando comunica y que la población sepa que no es algo que ya pasó sino que sigue estando entre nosotros y no podemos descuidarnos un segundo”, concluyó.
Fuente: Telam
