De Rafecas a la Corte: el largo camino de la confirmación de la condena por corrupción a Amado Boudou
El Caso Ciccone comenzó en el verano de 2012. Nada es igual a entonces. Amado Boudou era por aquellos días vicepresidente de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner era la presidente y si bien la vicepresidencia no tenía la relevancia de ahora, Boudou era una figura importante en el tercer gobierno kirchnerista.
La fórmula del Frente para la Victoria había arrasado en 2011. Por ese entonces y ante la imposibilidad de la reelección para Fernández de Kirchner había quienes sugerían que Boudou podría llegar a ser el candidato en 2015. Algo que no sucedió –entre otras cosas- porque en 2014 fue procesado por la compra de la empresa Ciccone Calcográfica a través de integrantes de su círculo cercano.
Pero para llegar a 2014 primero hubo que pasar por 2012. El expediente le tocó por sorteo al juez federal Daniel Rafecas, discípulo de quien por entonces estaba a cargo de la Procuración General de la Nación, Esteban Righi.
La llegada de Rafecas como juez en 2004 había tenido el visto bueno de Righi y especialmente de Alberto Fernández, hoy presidente y por entonces Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.
Rafecas delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo quien pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas la del allanamiento del departamento que el ex vice tenía en el edificio River View de Puerto Madero. Ese allanamiento hizo estallar el caso por el aire.
Luego de que se revelaran algunos papeles hallados en un departamento que estaba deshabitado y que vinculaban a Boudou con la maniobra de Ciccone, el vice arremetió contra todos y todas. Comenzaba la Semana Santa de 2012 y Boudou dio una conferencia de prensa en el Senado -sin preguntas- y cargó contra Rafecas y contra Righi.
A causa de la embestida de Boudou, Righi renunció a la Procuración, hecho que fue cuestionado por su amigo Alberto Fernández, por entonces crítico acérrimo del gobierno de Fernández de Kirchner. El kirchnerismo le facturaba a Righi no haber hecho algo para evitar el allanamiento pedido por Rívolo, uno de sus subordinados.
Rafecas fue apartado del caso por la Cámara Federal y el expediente se acumuló con otro que estaba en el juzgado de Ariel Lijo. Con esa acumulación también dejó de investigar la causa Rívolo. El fiscal pasó a ser Jorge Di Lello. Mucho antes de que se empezara a hablar de lawfare el vicepresidente de la Nación había logrado que lo dejaran de investigar Rafecas y Rívolo y había provocado la renuncia de Righi.
